Expertos piden corregir ambigüedades en Ley de Ciberasedio
En Informe 96, Rocío García Olmedo (PRI), Agustín Guerrero (Morena) y Francisco Fraile (PAN) coincidieron en la necesidad de reformar la Ley de Ciberasedio aprobada en Puebla. Advirtieron ambigüedades legales que podrían abrir la puerta a “discrecionalidad”.
Los especialistas Rocío García Olmedo (PRI), Agustín Guerrero (Morena) y Francisco Fraile (PAN), coincidieron en que la recién aprobada Ley de Ciberasedio, aunque bien intencionada, requiere modificaciones para evitar interpretaciones subjetivas y asegurar un marco legal que sea claro para las víctimas.
“En materia penal no hay lugar a conceptos subjetivos”, advirtió García Olmedo, al subrayar la necesidad de definir con precisión el concepto de “asedio” para no incurrir en interpretaciones a modo o prácticas arbitrarias. La exdiputada priista remarcó que el Código Penal “debe ser muy cuidadoso” porque se trata de sanciones que impactan directamente en derechos fundamentales, dijo en Informe 96 de Cadena IN.
Agustín Guerrero, consejero nacional de Morena, respaldó esta postura. Reconoció que el fenómeno del mal uso de redes sociales es real y preocupante, especialmente en lo referente a menores de edad, pero subrayó que se necesita una legislación federal por la naturaleza transfronteriza del internet.
“Sí se requiere una reglamentación”, dijo, “pero debe ser a nivel nacional porque los límites territoriales del internet no coinciden con los de una entidad federativa”.
A su vez, Francisco Fraile, ex senador federal, alertó sobre los riesgos de dejar conceptos abiertos a la interpretación judicial.
“Las redacciones ambiguas en la ley son muy peligrosas”, señaló. “Eso es darle manga ancha al que hace la sentencia”. Agregó que si bien es indispensable proteger a todos los sectores sociales —niños, jóvenes y adultos mayores—, también hay que evitar una posible instrumentalización política de la ley.
Durante la mesa se destacó que el artículo 73 de la Constitución otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de telecomunicaciones. En ese sentido, los panelistas coincidieron en que la actual legislación local podría ser inconstitucional por invadir una competencia federal.
“Más que por el tema de libertad de expresión, que también está en juego, el punto crítico es que la materia legislada corresponde a la Federación”, explicó el periodista Enrique Núñez, al mencionar la posibilidad de que se promueva una acción de inconstitucionalidad desde el Congreso.
También se discutió la necesidad de precisar diferencias entre ciberacoso y ciberasedio, ya que la legislación actual ya contempla sanciones en el artículo 278 Nonies. Sin una diferenciación clara, se corre el riesgo de incurrir en una sobrerregulación penal que afecte derechos ciudadanos.
Finalmente, los participantes respaldaron la convocatoria del gobernador para abrir mesas de análisis y discusión pública, siempre y cuando no se usen para justificar decisiones ya tomadas, sino para escuchar y corregir.
“La sociedad los va a respaldar si hacen esas correcciones”, concluyó Núñez, al señalar que todos los sectores han sufrido agresiones en redes sociales desde cuentas anónimas. Coincidieron en que una legislación efectiva debe ser clara, objetiva y proteger a los más vulnerables, sin prestarse a abusos o censura.