PAN y MC exigen filtros más estrictos para frenar la infiltración del crimen en candidaturas
En Informe 96, las legisladoras Genoveva Huerta y Fedrha Suriano coincidieron en que los partidos deben reforzar la revisión de perfiles rumbo a 2027.
Las dirigentes estatales del PAN y de Movimiento Ciudadano (MC), Genoveva Huerta Villegas y Fedrha Suriano Corrales, coincidieron en que los partidos políticos deben fortalecer sus mecanismos internos para evitar que personas con presuntos vínculos con la delincuencia organizada lleguen a las candidaturas, al considerar insuficientes los filtros actualmente establecidos y cuestionar la propuesta de que las fiscalías determinen la idoneidad de los aspirantes.
Durante su participación en Informe 96 de Cadena IN, Huerta señaló que Acción Nacional analiza implementar procesos similares a los modelos de compliance utilizados por instituciones financieras y empresas privadas para detectar riesgos relacionados con lavado de dinero, tráfico de influencias o recursos de procedencia ilícita.
"Tenemos que ir mucho más allá de la constancia de no antecedentes penales y de la 3 de 3. Hay que aplicar metodologías de compliance para eliminar el riesgo de que recursos del crimen organizado se involucren en la política", afirmó.
La también integrante de la dirigencia estatal panista indicó que esta propuesta ha sido planteada junto con el presidente estatal del partido, Mario Riestra, e incluso fue presentada a la dirigencia nacional como una alternativa para fortalecer la selección de candidaturas rumbo al próximo proceso electoral.
Por su parte, la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano, sostuvo que ningún instituto político debe encubrir a funcionarios o candidatos que enfrenten investigaciones y aseguró que cualquier responsabilidad debe deslindarse conforme a derecho.
"Nosotros no damos cheques en blanco. Que se deslinden responsabilidades al 100 por ciento y que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponde", expresó.
La legisladora añadió que, además de los delitos directos, también deben investigarse posibles omisiones de autoridades municipales cuando existan hechos relacionados con actividades delictivas en sus demarcaciones.
Huerta y Suriano no confían en la opinión de fiscalías
Ambas dirigentes manifestaron reservas sobre la propuesta de que las fiscalías emitan opiniones sobre la elegibilidad de los candidatos, al advertir que ello podría generar riesgos jurídicos y políticos.
Huerta consideró que, si una fiscalía tiene elementos para señalar a una persona como no apta para competir por un cargo público, entonces debería ejercer acción penal en su contra y no limitarse a emitir una valoración.
Suriano agregó que también existe el riesgo de vulnerar la secrecía de las investigaciones y señaló que actualmente ni siquiera es posible obtener con oportunidad información oficial sobre sentencias por violencia familiar o incumplimiento de obligaciones alimentarias.
"No basta con una carta de antecedentes no penales ni con una simple investigación. Además, la autoridad judicial muchas veces no proporciona la información que los partidos solicitan", apuntó.
Las legisladoras coincidieron en que resulta necesario construir una mesa de trabajo entre autoridades electorales, instituciones de procuración de justicia y partidos políticos para diseñar mecanismos viables que permitan revisar los perfiles de quienes busquen competir por un cargo de elección popular.
PAN y Movimiento Ciudadano niegan campañas anticipadas
En otro tema, ambas abordaron el inicio anticipado de actividades con miras al proceso electoral de 2027. Huerta informó que el PAN comenzará la designación de coordinadores de la Patria, la Familia y la Libertad, figura que, dijo, permitirá fortalecer la organización interna mientras llegan los tiempos legales.
Suriano, en cambio, señaló que Movimiento Ciudadano respetará el calendario electoral y esperará la instalación de los órganos electorales y la emisión de las convocatorias para definir sus procesos internos.
Asimismo, ambas criticaron el uso de recursos públicos para promoción personalizada de funcionarios y confirmaron que sus partidos han presentado denuncias por presuntas irregularidades relacionadas con propaganda anticipada y utilización de recursos gubernamentales.
