Magistrado Carlos Loranca denuncia pagos pendientes tras su retiro judicial

El magistrado federal Carlos Loranca Muñoz afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su reinstalación en el Poder Judicial de la Federación y el pago de salarios caídos, después de que impugnara una sanción que lo separó del cargo y lo inhabilitó durante 15 años.

En entrevista para Informe 96 de Cadena IN, sostuvo que las acusaciones en su contra no fueron acreditadas y explicó que mantiene un litigio por los pagos correspondientes a su retiro.

Loranca relató que el entonces Consejo de la Judicatura Federal investigó durante dos años alrededor de 20 presuntas conductas irregulares, entre ellas la emisión de resoluciones indebidas y la recepción de dinero a cambio de sentencias. Según su versión, ninguna de estas imputaciones quedó demostrada.

Posteriormente, explicó, el procedimiento se centró en presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, como la omisión de una cuenta de cheques que ya había cancelado y otros aspectos administrativos que, aseguró, no eran obligatorios en ese momento. Por estos señalamientos recibió la sanción de cese e inhabilitación por 15 años.

El magistrado impugnó la resolución ante la SCJN. De acuerdo con su relato, el máximo tribunal determinó que no existían pruebas de las conductas atribuidas ni de las irregularidades patrimoniales señaladas, por lo que ordenó su reinstalación y el pago de salarios caídos, además de los conceptos que describió como daños y perjuicios.

Tras siete años de proceso, Loranca fue reinstalado en marzo de 2025. Permaneció alrededor de cuatro meses y medio en un tribunal colegiado, antes de solicitar su retiro. Explicó que consideró inviable continuar en funciones con los nuevos magistrados electos y que con ello concluyó una trayectoria de 44 años en el Poder Judicial, 36 de ellos como titular de distintos órganos jurisdiccionales.

El caso Loranca se utilizó para impulsar la reforma judicial

Durante la entrevista, Loranca vinculó el inicio del procedimiento disciplinario con el contexto político del comienzo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Señaló que entonces presidía la asociación nacional de jueces y magistrados y que él, junto con otros integrantes del Poder Judicial, enfrentó procesos disciplinarios.

Afirmó que su caso se presentó como ejemplo de presunta corrupción judicial para respaldar la reforma constitucional al Poder Judicial. Según su interpretación, los procedimientos contra distintos juzgadores se utilizaron para sostener que existían prácticas de corrupción dentro de la institución.

Litiga por indemnización y jubilación

Respecto a su retiro, Loranca explicó que se acogió a la opción contemplada en la reforma constitucional para separarse del cargo antes de las elecciones judiciales, aunque señaló que no contaba con la edad ni el tiempo de servicio que habitualmente se requieren para jubilarse.

Indicó que mantiene una disputa legal por el pago de su indemnización y jubilación. Añadió que el asunto ha llegado al Senado y, según refirió, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El magistrado estimó que alrededor de 200 jueces y magistrados se encuentran en una situación similar, sin una resolución definitiva sobre sus pagos. También señaló que durante el procedimiento disciplinario estuvo legalmente impedido para trabajar y que, después de recibir inicialmente un apoyo económico mínimo, llegó a quedarse sin ingresos.