Alertan riesgos en financiamiento político con la Reforma Electoral

La presidenta de la República recibirá en los próximos días un proyecto de reforma electoral que propone una reconfiguración integral del sistema político del país, con cambios a las instituciones electorales, a los plazos de los procesos, a los órganos calificadores y tribunales, así como a la integración del Congreso de la Unión y de los ayuntamientos, informó el Vocero de Morena en Puebla, Agustín Guerrero, en Informe 96 de Cadena IN, asegurando que esto implicaría una reconfiguración integral del sistema político-electoral del país.

El documento, explicó, concentra propuestas recabadas durante tres meses de trabajo y también plantea ajustes al costo de los procesos electorales y a las prerrogativas de los partidos políticos.

Uno de los puntos centrales es el financiamiento público. Guerrero explicó que actualmente el monto anual destinado a los partidos políticos ronda los 7 mil 700 millones de pesos a nivel federal, cifra que se duplica al considerar las prerrogativas locales. “Estamos hablando de alrededor de 15 mil millones de pesos año con año, haya o no elecciones”, precisó.

Morena y PRI advierten riesgos de la Reforma Electoral

Detalló que el cálculo se basa en el artículo 41 constitucional, que establece una fórmula vinculada al valor de la UMA y al tamaño del padrón electoral. Como alternativa, expuso que se plantea calcular el financiamiento con base en la participación ciudadana efectiva. “Si la gente no va a votar, no te tengo yo por qué dar dinero por gente que no vota”, subrayó. De aplicarse este criterio, dijo, el monto podría reducirse hasta en un 50 por ciento en elecciones intermedias.

Guerrero también destacó que cualquier reforma constitucional requerirá mayoría calificada en el Congreso. “Si no va con el consenso y el respaldo del Verde y el PT, esa reforma no tiene futuro. Es por simple matemática”, afirmó, al referirse a la correlación de fuerzas legislativas.

Por otro lado, la exlegisladora del PRI, Rocío García Olmedo, advirtió que una reforma de esta magnitud debe sustentarse en un proceso de escucha real y acuerdos amplios. Recordó la reforma política de 1977 como un antecedente de diálogo incluyente y señaló que, en el proceso actual, organizaciones y sectores han expresado dudas sobre la incidencia efectiva de sus aportaciones. También manifestó preocupación por posibles retrocesos en materia de participación política de las mujeres.

De acuerdo con los políticos, el tiempo es un factor clave, ya que toda reforma electoral debe aprobarse al menos un año antes de la jornada electoral para entrar en vigor en el siguiente proceso, lo que fija como límite la segunda mitad de 2026.