Confrontación de Morena y PAN en Informe 96 por cuentas del morenovallismo

En la mesa de análisis "Sala de Controversia" de Informe 96 en Cadena IN, Leobardo Rodríguez, regidor de Morena en el Ayuntamiento de Puebla, y Humberto Aguilar Coronado, representante del PAN, debatieron sobre las recientes declaraciones del gobernador Alejandro Armenta respecto a posibles investigaciones contra exfuncionarios vinculados al exgobernador Rafael Moreno Valle, particularmente por irregularidades en la ejecución de obras bajo esquemas de asociaciones público-privadas (APP).

El tema surgió a partir de una nota publicada en Intolerancia Diario, donde se menciona una lista de exfuncionarios —principalmente de las áreas de Salud y Finanzas— presuntamente bajo investigación penal por su participación en proyectos emblemáticos del sexenio morenovallista, como el Museo Internacional del Barroco, cuyas obras registraron sobrecostos significativos.

Leobardo Rodríguez señaló que el mensaje del gobernador Armenta refleja una política de "cero tolerancia a la corrupción", no solo hacia el pasado, sino también dentro del actual gobierno:

“El mensaje es claro: no se va a tolerar ningún caso de corrupción. Se va a revisar a los del pasado, pero también a los que están en funciones, y eso lo celebro”, afirmó Rodríguez.

El regidor morenista destacó además que si bien algunas denuncias podrían estar limitadas por la prescripción legal —que en el caso de faltas graves es de siete años—, sí se encuentran dentro del plazo para proceder legalmente.

Por su parte, Humberto Aguilar consideró que las investigaciones a exfuncionarios morenovallistas difícilmente prosperarán debido al tiempo transcurrido desde que dejaron el cargo.

“Moreno Valle terminó su gobierno en 2012. Han pasado 13 años. Es evidente que la mayoría de los delitos ya prescribieron”, indicó Aguilar.

 También criticó que las acusaciones se limiten al pasado sin considerar que las obras federales del actual gobierno, como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, han registrado incrementos considerables en su presupuesto inicial.

Ambos participantes coincidieron en que la rendición de cuentas debe aplicarse sin distinción de partidos. Rodríguez enfatizó que los procesos deben seguir su curso legal, sin convertirlos en persecuciones políticas. “La rendición de cuentas no puede ser usada con fines partidistas. Tiene que cumplirse el debido proceso y aplicarse la ley”, dijo.

En ese contexto, ambos hicieron referencia al caso reciente de la alcaldesa de Acapulco, a quien la Auditoría Superior de la Federación ha señalado por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos, lo que ya ha derivado en denuncias ante instancias estatales y federales.

“Somos aliados, pero no cómplices”, subrayó Rodríguez respecto a casos de presunta corrupción dentro de su propio partido.