Poblanos respaldan revista vehicular del transporte público

Una encuesta realizada por la organización Indicadores SC muestra un amplio respaldo ciudadano a la revista vehicular aplicada al transporte público en el estado de Puebla, así como una postura firme a favor del cumplimiento de la normativa.

El estudio se realizó mediante una encuesta telefónica aplicada entre el 4 y el 5 de febrero, con una muestra de 400 entrevistas en 51 municipios de la entidad.

De acuerdo con los resultados, presentados en Informe 96 de Cadena IN, entre 40 y 59 por ciento de las personas entrevistadas está enterada de que el 2 de febrero concluyó el plazo para cumplir con la revista vehicular. Esto equivale a que seis de cada 10 poblanos conocen que la fecha límite ya venció.

Tras explicar a los encuestados en qué consiste el proceso —la revisión de documentación, el estado físico de las unidades y que los vehículos no superen entre 10 y 12 años de antigüedad—, 67 por ciento manifestó aprobar la revista vehicular, mientras que 26 por ciento la desaprueba.

Entre quienes la aprueban, la principal razón es que todas las unidades queden verificadas y en orden, opción señalada por 67 por ciento. En segundo lugar, 13 por ciento considera positivo que se regularicen las unidades irregulares, incluidas aquellas con placas extranjeras.

¿Quiénes desaprueban la revista vehicular en Puebla?

En contraste, entre quienes desaprueban la medida, la causa más mencionada es la percepción de que siempre se favorece a ciertos grupos, señalada por 37 por ciento. Otro 18 por ciento considera que se trata de un exceso de cobros e impuestos sin beneficios claros.

La encuesta también exploró la expectativa ciudadana sobre el actuar de la autoridad frente a las unidades que no cumplieron con el trámite. En este sentido, 74 por ciento de los entrevistados considera que las unidades que no realizaron la revista vehicular deben ser retiradas del servicio, mientras que una minoría opta por otorgar un nuevo plazo para regularizarse.

Este posicionamiento refleja que, para la mayoría de la población, el cumplimiento de la regulación es prioritario, especialmente por los riesgos que representa para los usuarios un transporte público que no cumple con las condiciones establecidas.