CNDH va contra cobros inconstitucionales en 13 municipios de Puebla
El organismo impugnó ante la SCJN la imposición de tarifas desproporcionadas en trámites, copias y acceso a información pública.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra disposiciones incluidas en las leyes de ingresos de 13 municipios de Puebla, al considerar que establecen cobros que podrían vulnerar derechos fundamentales.
Los municipios señalados son San Martín Texmelucan, San Nicolás de los Ranchos, San Miguel Xoxtla, San Matías Tlalancaleca, Huejotzingo, Tepeaca, Amozoc, Cuautlancingo, Coronango, Juan C. Bonilla, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Atlixco.
Los recursos legales fueron promovidos por conceptos relacionados con la búsqueda de documentos, expedición de copias simples o certificadas, digitalización y reproducción de información, así como otros trámites administrativos contemplados en las leyes municipales.
De acuerdo con la CNDH, varios de estos cobros no guardan relación con el costo real de los servicios que prestan los ayuntamientos, por lo que podrían resultar desproporcionados e inequitativos.
El organismo autónomo advirtió que estas disposiciones podrían contravenir principios constitucionales como la proporcionalidad y la equidad tributaria, además de representar posibles obstáculos para el derecho de acceso a la información pública.
También señaló que en algunos casos se fijan tarifas distintas para servicios similares, sin que exista una justificación clara, lo que podría derivar en un trato desigual para las personas que solicitan información o realizan trámites ante las autoridades municipales.
Municipios deberán modificar sus normas tras la resolución de la SCJN
Las acciones de inconstitucionalidad ya fueron admitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que deberá revisar si las normas impugnadas se ajustan o no a la Constitución.
En caso de que el máximo tribunal del país determine la invalidez de esas disposiciones, los municipios involucrados estarán obligados a modificar sus leyes de ingresos para retirar o ajustar los cobros cuestionados.
La impugnación presentada en Puebla forma parte de una serie de recursos promovidos por la CNDH en distintas entidades del país contra disposiciones municipales que, bajo su análisis, podrían establecer barreras económicas para el ejercicio de derechos.
Será la SCJN la que resuelva en definitiva la constitucionalidad de estas tarifas y, en su caso, establezca criterios sobre los límites que deben observar los municipios al fijar cobros por servicios administrativos y acceso a información pública, reportó Informe 96 de Cadena IN.
