Diputados exigen operativo de Profeco por abusos en Sierra Norte
La Comisión de Desarrollo Económico exhortó a la Profeco a vigilar precios en la Sierra Norte tras las lluvias, recordando que la especulación y el acaparamiento pueden castigarse con hasta diez años de prisión.
La Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado aprobó por unanimidad un exhorto dirigido a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para implementar un operativo especial en la Sierra Norte y otras regiones afectadas por las lluvias e inundaciones recientes, con el objetivo de prevenir abusos por parte de comerciantes y prestadores de servicios.
La propuesta, presentada por la diputada Guadalupe Vargas Vargas y avalada en sesión de comisión, busca garantizar el abasto y los precios justos de productos y servicios esenciales como gas LP, combustible y alimentos, especialmente en comunidades que enfrentan dificultades para su comunicación y abastecimiento.
El acuerdo recuerda que el Código Penal Federal, en su artículo 253, clasifica como delitos contra la economía pública, el consumo y la riqueza nacionales los actos de acaparamiento, ocultamiento o negativa injustificada de venta de bienes de consumo generalizado o materias primas esenciales, cuando estos se realizan con el fin de provocar alzas de precios o afectar el suministro a la población.
Estas conductas pueden sancionarse con penas de tres a diez años de prisión y multas de doscientos a mil días de la medida de actualización vigente.
Asimismo, se cita el artículo 10 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prohíbe a proveedores incrementar precios de forma injustificada durante fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias. La Profeco es la autoridad encargada de verificar el cumplimiento de esta disposición y aplicar las sanciones administrativas o penales correspondientes.
Con el exhorto, el Congreso local busca reforzar la vigilancia en la comercialización de bienes y servicios durante la emergencia, para evitar prácticas especulativas que afecten la economía de las familias damnificadas, reportó Informe 96 de Cadena IN.