Exalcaldesa de Izúcar de Matamoros, vinculada por intimidación

La exalcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene N., fue vinculada a proceso por el delito de intimidación, declaró la periodista Michelle Hoyos en exclusiva para Informe Una en Punto de Cadena IN. La exfuncionaria enfrenta acusaciones relacionadas con la presunta tortura y amenazas hacia Michelle y Natalie Hoyos durante su mandato, cuando era alcaldesa en 2022.

El caso, que lleva más de dos años en proceso, involucra a varios funcionarios públicos de la administración de Irene N., quienes también han sido señalados por presuntamente encubrir abusos y falsificar documentos para ocultar delitos. Entre las víctimas se encuentran tres mujeres que, tras denunciar las intimidaciones y amenazas, fueron despedidas de manera injustificada. Además, una testigo protegida del caso por la FGR, Socorro Barrera, fue asesinada en junio de 2024. 

A pesar de la vinculación a proceso por intimidación, la exalcaldesa no fue sometida a prisión preventiva. El juez de control, encargado de la resolución, desestimó la solicitud de cautelares, lo que ha generado controversia entre los afectados, quienes temen por la seguridad de los testigos y sus familias, explicó Michelle Hoyos. Asimismo, informó que se apelará la decisión judicial.

En paralelo, el caso involucra a varios policías que presuntamente participaron en actos de abuso de autoridad y tortura. A pesar de haber sido señalados, estos funcionarios continúan trabajando en el servicio público, reveló Hoyos. Algunos de ellos incluso habrían solicitado amparos para evitar medidas cautelares más estrictas. 

El proceso judicial continúa y se ha buscado añadir un enfoque particular en los cargos de falsificación de documentos, explicó Michelle. No obstante, la solicitud de vinculación por este delito fue desestimada por el juez, quien consideró que no había elementos suficientes para proceder.

La defensa de las víctimas señala que el encubrimiento y falsificación de documentos fue una acción directa de la exalcaldesa y otros funcionarios para ocultar los delitos cometidos contra las periodistas.