Puebla alista castigo penal por fraudes inmobiliarios
El gobierno de Puebla prepara una reforma al Código Penal para sancionar a funcionarios, ciudadanos y notarios implicados en estafas inmobiliarias. Se investigan siete casos en San Andrés Cholula.
El Gobierno de Puebla prepara una iniciativa de reforma al Código Penal para sancionar con mayor severidad a servidores públicos, ciudadanos y notarios involucrados en fraudes relacionados con el despojo de inmuebles, una práctica que ha encendido alertas en el estado por su impacto en el patrimonio de las familias.
El anuncio fue realizado por el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, quien detalló que la medida busca frenar la operación del llamado "cártel del despojo", una red delictiva que opera a través de la falsificación de documentos para apropiarse ilegalmente de terrenos y viviendas.
“La intención es proteger a las personas de situaciones de simulación que haga que pierdan su patrimonio. Quiero decirles que habrá firmeza”, declaró el funcionario.
De acuerdo con García Parra, se tiene registro de al menos siete casos documentados en la colonia Gobernadores de San Andrés Cholula, los cuales ya son objeto de investigaciones. Como respuesta, el gobierno ha instalado una mesa de diálogo con afectados para abordar directamente los casos y coordinar una estrategia legal.
La reforma que se presentará al Congreso de Puebla incluirá sanciones específicas para funcionarios públicos que cometan irregularidades, así como para personas que simulen ser propietarios legítimos con la intención de cometer fraude. Además, se establecerá un mecanismo de supervisión más estricto sobre el trabajo de las notarías.
“Es indispensable que exista un marco jurídico que permita actuar con contundencia contra quienes lucran con el patrimonio de las personas. No podemos permitir que este tipo de prácticas se normalicen”, apuntó García Parra, quien también advirtió que jueces, magistrados, notarios y funcionarios públicos podrían estar implicados en estos hechos.
La propuesta será turnada al Congreso local en un par de semanas y forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo estatal para frenar los despojos y brindar mayor certeza legal en los procesos inmobiliarios, reportó Informe 96 de Cadena IN.